La lista de espera para residencias de mayores supera las
3.000 personas
El número de demandantes que requieren una atención total
aumenta un 4,43 % respecto a 2011. Las administraciones descartan abrir nuevas
plazas este año.
SOFÍA SÁNCHEZ SEDA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La lista de espera en las residencias de mayores de Gran
Canaria se ha disparado en el último año. El número de personas que requieren
atención en centros sociosanitarios públicos asciende a 3.069, según los datos
del Cabildo de Gran Canaria correspondientes al mes de mayo. Actualmente, tanto
las residencia como los centros de estancia diurna se encuentran totalmente
colapsados y algunos tienen serios problemas de financiación, como los de La
Aldea y Moya.
El Instituto de Atención Sociosanitario (IASS) es el
organismo encargado de ubicar a mayores y discapacitados en centros públicos y
concertados. Su consejero, Francisco Santana, explicó ayer que la situación de
los centros se arrastra desde la pasado mandato, pues en mayo del 2011 la lista
de espera total del área de mayores era de 2.933 personas.
Uno de los problemas en Gran Canaria es el del diagnóstico
de personas con derecho a atención, ya que la implantación de la Ley de
Dependencia supuso el cambio de graduación entre enfermos con dependencia leve,
severa y gran dependiente, siendo esta última la prioridad actual para el
alojamiento en las residencias.
El Gobierno de Canarias es el encargado de abrir nuevas
plazas, pero son los Cabildos los responsables de distribuir las partidas
económicas a los diferentes organismos. Las dificultades en los centros de La
Aldea, Moya, Ingenio o Gáldar han generado un enfrentamiento entre esos
ayuntamientos y el Cabildo. En La Aldea , el desfase económico es de 400.000
euros, según Francisco Santana, que achaca esa deuda a la mala gestión del
ayuntamiento , que fue avisado en 2008 para que tomara una serie medidas para
ser rentable y evitar así el cierre del centro.
En el caso de Gáldar, el municipio ha sido incluido desde
hace pocos meses en la red de residencias públicas, con lo cual el gasto no
estaba vigilado y los sueldos de los trabajadores eran considerados demasiado
altos para un centro de dichas características.
A los problemas que generan al usuario las listas de espera
se unen los despilfarros anteriores, como la residencia de San Mateo, en la que
se invirtieron 1.700.000 euros y en la que sólo han sido acogidos cuatro
pacientes.
Sobre la residencia de mayores de Mogán, finalizada hace
seis meses y aún cerrada, tanto Isabel Guerra, exconsejera de Empleo,
Desarrollo Local e Igualdad del PSOE, como Francisco Santana, coinciden en que
es la falta de acuerdo en el convenio sobre el número de plazas lo que la
mantiene cerrada.
En cuanto a los centros privados subvencionados con dinero
público, Isabel Guerra cree que es una "obligación" concertar plazas
si no puede permitirse la inversión en nuevas infraestructuras. Por su parte,
Francisco Santana opina que la situación económica actual es el mayor
condicionante para la creación de plazas, además de que el coste de la
concertación supone una media de 2.200 euros mensuales por gran dependiente,
por lo que se opta por mantener las plazas actuales.
